Recientemente, las noticias parecen confirmar que el Gobierno de España va a ceder a una de las reclamaciones clásicas del nacionalismo catalán: la publicación de las balanzas fiscales de las CC.AA con el estado. Esta reclamación se ha basado en que, los nacionalistas, sostienen que Cataluña aporta al estado más de lo que éste invierte o gasta en ella. Desde mi humilde punto de vista, esta publicación supone una gran insensatez, especialmente viniendo de un supuesto gobierno de izquierdas.
Un buen exponente del punto de vista “catalán” es este artículo de D. Ramón Tremosa i Balcells en El Periódico: “En los últimos años, los catalanes estamos sufriendo un creciente desequilibrio entre lo que pagamos al Estado español en impuestos y lo que el Estado gasta e invierte en Catalunya, desequilibrio que los economistas llamamos déficit fiscal. Este déficit fiscal no deriva de un exceso de aportación de impuestos de la ciudadanía catalana al Estado español, sino de una insuficiencia significativa en la recepción de inversiones y de servicios públicos por parte del mismo” Otro ejemplo de este punto de vista es Xavier Sala-i-Martín.
La primera “trampa” de esta visión es la de considerar a Cataluña como un “ente” o sujeto distinto del “estado español”. Pues no, señor Tremosa, resulta que Cataluña es un territorio tan español como lo puede ser Madrid, Ceuta o Melilla, entre otras. Por tanto, lo que el estado invierte en temas como defensa, exteriores, administraciones públicas, seguridad social, investigación, publicidad etc… benefician a todos los españolas por igual. En el caso de la caja única de la Seguridad Social, esto es menos visible, pero en realidad, el sistema al ser contributivo por individuo, resulta independiente de su lugar de residencia. Además, cuando se construye una autopista o un tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, los tramos que transcurren fuera de Cataluña se imputan como inversión en otras CC.AA cuando el beneficio para Cataluña resulta evidente y, como estos ejemplos, existen cientos. Es decir, si ignoramos el efecto sinérgico de las inversiones del estado, estamos abocados a retroceder hacia modelos de descentralización salvajes y absurdos, propios de la Edad Media. Y es que el gasto realmente territorializable del estado es de, tan sólo, un 26,86% (Ángel de la Fuente; Instituto de Análisis Económicos (CSIC), 2000)
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la carga tributaria de cada contribuyente no depende del lugar de residencia de quienes la soportan o son receptores de transferencias, sino de sus condiciones socioeconómicas. Es decir, la administación general del estado no te va a cobrar un tipo mayor del IRPF por vivir en Cataluña que por hacerlo en Melilla o Canarias (a pesar de que estos territorios deben considerarse como fronterizos y periféricos) En todo caso, las diferencias en el IRPF estarían en el tramo autonómico, y ese es un problema de cada autonomía con sus obligados tributarios. Además, buena parte del IRPF así como del IVA y de los Impuestos Especiales que se recaudan en cada comunidad, es cedido por el estado a dicha autonomía, redistribuyéndose en el resto del territorio, sólo la recaudación restante.
Además, en el caso del impuesto de sociedades hay que considerar que la consolidación fiscal de los grupos empresariales no es obligatoria y que, las cedes fiscales de muchas empresas no coinciden con la comunidad dónde ejerce su actividad, o ésta se realiza en varias gracias a la unidad de mercado. En el caso de las empresas catalanas (Gas Natural, la Caixa, Agbar etc…), la unidad del mercado nacional les beneficia enormemente, ya que pueden actuar libremente por toda España sin ningún tipo de cortapisa, arancel o doble tributación, lo que ha permitido que se genere un enorme superávit a favor de Cataluña frente al resto del territorio nacional (sin tener en cuenta las generosas políticas que varios dictadores han tenido para este territorio en detrimento de otros). Además, en el caso de que se rompiera la unidad fiscal del estado, entiendo que una comunidad pudiese establecer impuestos a las empresas que, no siendo de dicha comunidad, actuasen en su territorio. Además, también parecería lógico imponer aranceles a aquellos productos que provienen del exterior de su ámbito fiscal. ¿A qué parece bastante absurdo?
Por último, si alguien cree que es legítimo situarse en el plano de exigir al estado una balanza fiscal equilibrada por CC.AA, bajo la premisa de que este déficit fiscal limita el crecimiento económico de dicho territorio (el catalán, según Tremosa), parece lógico aceptar que se exija lo mismo desde el punto de vista de las provincias o, incluso, de los municipios cuya territorialidad está tan legitimada en el título VIII de la Constitución como la de las comunidades autónomas. Así, no parece justo que se limite el enorme potencial de crecimiento económico de municipios como El Ejido, Arona o Adeje, entre otros.
A nivel personal, estas actitudes tan mezquinas me revulven bastante, ya que mi renta se sitúa en unos 8.500 € por encima de la renta media catalana por lo que mi aportación al estado se sitúa un 30 % por encima de la del ciudadano medio de esta comunidad y, sin embargo, no me parece mal que este dinero se emplee en pagar pensiones, mejorar los servicios básicos y, en definitiva, ayudar a quien lo necesite, más allá de su lugar de residencia, incluso Cataluña, donde sus parados, pensionistas, receptores de subvenciones, minusválidos físicos y psíquicos y demás dependientes, se aprovechan de mis impuestos, en perjuicio de limitar mi crecimiento económico. Justo lo que están intentando negar ellos. Que me devuelvan mi dinero y que se jodan.