25 agosto 2011

Principios rectores de la política social y económica

La Constitución Española de 1978 establece en el Capítulo III del Título I, cuales son los principios rectores de la política social y económica del país. Estos se resumen en:
  • Protección de la familia y de los hijos.
  • Progreso social y económico.
  • Formación continúa de los trabajadores y derecho a la Seguridad Social.
  • Derecho a la protección de la salud.
  • Dercho al acceso a la cultura, a la promoción de la ciencia y de la investigación.
  • Conservación del medio ambiente así como del patrimonio histórico, cultural y artístico.
  • Derecho a una vivienda digna y adecuada.
  • Participación de la juventud.
  • Protección de la tercera edad así como de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
  • Defensa de los consumidores.
  • Regulación de las organizaciones profesionales.
Evidentemente, con la modificación propuesta por el presidente, todos estos principios quedarán subordinados al objetivo de déficit que se establezca en el nuevo texto constitucional. Hay economistas que, sin embargo, opinan que este límite lo que hará es meter en cintura a todos los políticos que gestionan los recursos públicos para que gasten de manera eficiente y no exista despilfarro, y también para que se recaude correctamente. Es decir, obligará a realizar una política presupuestaria determinada e identificada con una ideología política concreta. No obstante, más allá de este tipo de consideraciones aparentemente técnicas, lo que está claro es que la modificación va a servir para que los partidos que se alternan en el poder (PP y PSOE) puedan seguir destruyendo, al ritmo que le impongan los mercados, el mal llamado "estado del bienestar" que no es más que el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el primer artículo de nuestra Carta Magna.

Pasillos del Hospital Universitario de Canarias
(Fuente: Diario de Avisos)


De esta manera, asistiremos en los próximos años a una disminución de la protección social y de los trabajadores, al deterioro y/o privatización de la sanidad y la educación, a una mayor desregulación de los mercados, unido a una menor capacidad del estado para controlar las actividades privadas (debido al progresivo desmantelamiento de la Administración) y así iremos yendo hacia el paraíso soñado de los neoliberales de un mundo con estados débiles que se pongan de rodilla ante los mercados financieros y las grandes multinacionales (bueno quizás eso ya sucede pero todavía existen ciertas resistencias así como una capacidad real para reaccionar)

Colegio prefabricado en el Sur de Tenerife
(Fuente: La Opinión de Tenerife)


Ahora bien, para aprobar la reforma, de acuerdo con el Título X, será necesario que sea aprobada por tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma. Todo ello demuestra que, como ambos partidos lleguen a un acuerdo, esto va a ser prácticamente inamovible puesto que el PP no se moverá de su posición neoliberal hasta el día del juicio final.

Por último, cabe destacar que únicamente se llevaría a referéndum si así lo solicitara el 10% de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras (35 diputados o 26 senadores) lo que resulta matemáticamente imposible si no se saltan la disciplina de partido en el PP o en el PSOE.


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