20 diciembre 2011

Hechos y cifras a tener en cuenta

Del último Presupuesto General del Estado (2011) se pueden extraer unos cuantos hechos y cifras que el próximo presidente del gobierno debería tener en cuenta a la hora de diseñar su plan de medidas para ahorrar los 16.500 millones de euros que se calculan para llegar al 4,4 % de déficit el año que viene. En primer lugar, lo que más me ha llamado la atención del gráfico de abajo (realizado por el ministerio) es que el gasto financiero del estado es superior al gasto de personal. Es decir, se gasta más dinero en pagar la deuda pública que en pagar al denostado "funcionario". Esto todavía es más grave si tenemos en cuenta que España, junto al resto de países del euro, aporta una gran cantidad de dinero al Banco Central Europeo quién, a su vez, presta buena parte de este dinero a los bancos privados europeos a un tipo de interés de entre el 1% y el 1,25%.

Con tanta liquidez, los bancos de la zona euro han apostado por invertir en el lucrativo negocio de la deuda pública, prestando su dinero a los países "más rentables", entre los que estamos nosotros, a un tipo de interés muchísimo mayor (en nuestro caso en el entorno del 4% al 5%)

En el mismo documento del ministerio, se establece que en la memoria de beneficios fiscales para 2011 se estima un importe de los mismos que asciende a un total de 40.362,97 millones de euros, es decir, casi 2,5 veces la cifra de reducción prevista para cumplir con el objetivo de déficit (sólo en beneficios fiscales en impuestos indirectos se deja de recaudar 18.726,42 millones de euros y 3.763,77 millones más por los que se aplican el el impuesto de sociedades). Y todo ello sin contar la eliminación de impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.

Es decir, dejamos de recaudar una cifra escandalosa de dinero para pedirla prestada a un precio cuatro o cinco veces mayor de lo que, a través del BCE, le damos a los bancos, sin contar con las ayudas que, generosamente, hemos dado a través de instrumentos como el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros o las ayudas a la privatización de las cajas de ahorros.

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